Más allá (o acá) de la edad de jubilación

No hay duda de que el sistema de pensiones, tal como está planteado actualmente, es insostenible a medio y largo plazo. Esto es así porque, frente al aumento progresivo de la esperanza de vida (y la paralela mejora de las condiciones de vida en edades avanzadas), parece improbable que España logre duplicar en las próximas décadas el empleo. Según algunos expertos harían falta 12 o 15 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos 40 años para mantener el equilibrio de la tasa de dependencia. Por tanto, antes o después será necesario abordar una reforma del sistema de pensiones, la cuestión es la dirección que esta reforma tome.  

La propuesta del gobierno del PSOE ha obviado la opción de aumentar los ingresos del sistema y ha preferido centrarse exclusivamente en reducir el gasto en pensiones. Sin embargo, guiados por la perversidad de los medios de comunicación y los intereses de ciertos partidos políticos y sindicatos, toda la atención parece centrarse en el aumento de la edad de jubilación como una de las propuestas de reducción del gasto, cuando tal vez sea la más lógica de todas y la que menos recorta los derechos laborales. Pocas voces de la izquierda han encaminado sus protestas hacia la idea de sólo reducir los gastos y no aumentar los ingresos del sistema de pensiones vía impuestos progresivos que hagan más justa la distribución de la renta. Por el contrario han caído en la crítica fácil al aumento de la edad de jubilación, que sin duda está teniendo un gran rechazo popular.

Aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años es una medida encamina a reducir el gasto: los trabajadores cobrarán dos años menos de pensiones y cotizarán dos años más; sin suponer esto un aumento del ingreso dado que esa cotización se mantendría si jubilándose su puesto fuese ocupado por un nuevo trabajador. Esto no solucionara ni mucho menos el sistema de pensiones, ya que supone una reducción mínima del gasto (entorno a un 10% de la pensión vitalicia de cada trabajador, reducción que irá disminuyendo conforme aumente la esperanza de vida). Por tanto, el aumento de la edad de jubilación no es la solución al sistema de pensiones. Si bien no es la solución, en mi opinión, incrementar la edad de jubilación tampoco es un problema como algunos plantean. Analicemos unas cuentas cuestiones:

1) En primer lugar, la propuesta va en la línea de abandonar las políticas de las prejubilaciones tan habituales en los últimos tiempos. Las jubilaciones anticipadas han servido en España para renovar a una masa trabajadora sin formación adaptada a los nuevos tiempos: las empresas reducían sus costes al sustituir a sus viejos trabajadores por un número menor de jóvenes con menos derechos laborales o por empresas subcontratadas, los grandes sindicatos negociaban las ganancias de los viejos trabajadores que salían del mercado laboral prejubilándose, mientras tanto el Estado pagaba la mayor parte de las prejubilaciones en busca de la deseada creación de empleo. Dudo que ahora se quiera acabar con este negocio, lo mantendrán allá donde todavía sea necesario, pero dado que las condiciones han cambiado su estrategia también lo hace. Esto demuestra que más allá de aumentar o disminuir la edad de jubilación el mercado de trabajo lleva tiempo mostrando una tendencia hacia la precarización, la flexibilización, la pérdida de derechos… Además se parte del supuesto de que el mercado de trabajo español ha superado en gran medida el déficit de cualificación que hacía muy necesarias dichas prejubilaciones.

2) En segundo lugar, aumentar la edad de jubilación reduciría la tasa de dependencia dando lugar a una estructura social más acorde con las nuevas pautas demográficas. La incorporación cada vez más tardía a la vida laboral (por el incremento de los años de formación) se iría así compensando. Aún así las generaciones que ahora nos incorporamos al mercado laboral seguiríamos teniendo menos años de vida laboral que la que han tenido nuestros padres.

Este ajuste, que en si mismo puede ser deseable, sólo lo será realmente si construye un marco laboral seguro y equitativo.  Además sería necesario un conjunto de trasformaciones paralelas: una verdadera educación durante toda la vida y una formación continua ofrecida por las empresas, rotación de los puestos de trabajo adaptándolos a la edad, mantener las excepciones en la edad de jubilación para determinadas profesiones, incidir en el trabajo en equipo donde las personas de mayor edad sean fuente de experiencia y no un estorbo, etc.  De nuevo parece que la edad de jubilación no es el verdadero problema.

3) En tercer lugar, como señaló hace meses el catedrático I. Zubiri, aumentar la edad de jubilación es una medida encaminada a hacer más justo el sistema actual. No es deseable que todos los aumentos de la esperanza de vida se dediquen al ocio cuando esos años adicionales de ocio los pagan otras generaciones. “Dado que los pensionistas de dentro de 40 años vivirán más (y cobrarán pensiones durante más tiempo), alargar la edad de jubilación corregiría una inequidad (que soportarían las generaciones futuras) y que es especialmente inasumible cuando el número de pensionistas aumenta” (Zubiri, 2010).

Como ya se mencionó, la propuesta de reforma del sistema de pensiones planteada por el gobierno ha obviado cualquier medida de acompañamiento que hiciera que el aumento de la edad de jubilación se tornara positivo y equitativo para el conjunto de la población. Por el contrario el resto de medidas van encaminadas a reforzar las injusticias del mercado laboral y sobre todo a dejar al Estado sin responsabilidad sobre lo que en el futuro pueda suceder al sistema de pensiones.

Por un lado, junto con el aumento de la edad de jubilación se plantea todo un paquete de medidas para reducir el gasto que atacan de lleno los derechos sociales: alargar periodos de cálculo, ajustar por el cálculo por el crecimiento del PIB, introducir cuentas nocionales, rebajar los tipos de cotizaciones, disminuir las pensiones de Incapacidad, orfandad y viudedad… Por otro lado, se mantiene que el ingreso será exclusivamente vía cotizaciones a la Seguridad Social. Se renuncia así a financiación vía impuestos, lo cual sería una medida mucho más equitativa si se acentuara un sistema fiscal que gravara especialmente a las rentas más altas (recordemos que el gobierno actual elimino el impuesto sobre el patrimonio y redujo la carga fiscal a las rentas más altas). Pero hay más: la propuesta no menciona la eliminación de los incentivos a los planes privados de pensiones (que cuestan más del 4% de la recaudación del IRPF [Zubiri 2010]) y si habla de poner en marcha  medidas adicionales que incentiven los planes privados de pensiones. La idea es clara: pagaremos en pensiones lo que se pueda con los ingresos de las cotizaciones y quien quiera y pueda más seguridad le facilitamos la entrada al modelo privado.

En suma, la propuesta del gobierno no aclara qué pasará con las pensiones en el futuro dada la imprecisión e insuficiencia de sus medidas.  Pero consigue hábilmente trasladar los peligros de que no se puedan sostener los niveles actuales de prestaciones y los costes a los trabajadores. En este sentido deja la puerta abierta para la expansión de los planes privados de pensiones. Es por tanto un error centrar el debate en el aumento de la edad de jubilación, que por otra parte hemos demostrado no es el demonio que algunos pintan. Tal vez estemos ante la eterna discusión entre equidad y eficiencia.

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